El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral
Hace meses, el Ministerio de Trabajo instó a la patronal a presentar una alternativa viable a la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
La iniciativa generó críticas, especialmente por la percepción de una falta de diálogo social por parte de organizaciones empresariales, como la CEOE y CEPYME.
En respuesta, el Ministerio reafirmó su compromiso de alcanzar un acuerdo conjunto dejando abierta la posibilidad de extender las negociaciones si la patronal flexibilizaba su postura.
Sin embargo, tras meses de conversaciones sin avances el Gobierno decidió seguir adelante por su cuenta y anunció que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se implementaría por ley.
Finalmente, tras nuevas negociaciones, se firmó un acuerdo con los sindicatos.
Este acuerdo descartó la aplicación gradual inicialmente prevista que contemplaba una primera fase de 38,5 horas en 2024 para aplicar directamente la reducción a 37,5 horas en 2025.
Y hay más novedades: el 4 de febrero se aprobó el Anteproyecto de Ley.
Pero, ¡ojo! Aún debe completar su trámite legislativo antes de convertirse en norma definitiva, por lo que, de momento, su aplicación no es obligatoria.
Ya conocemos los detalles clave de la medida si su tramitación avanza. Los detallamos más abajo.
Sin embargo, antes de entrar en detalle, es importante destacar que el CES ha emitido un informe señalando algunas modificaciones que considera necesarias para la futura ley.
El CES destaca la importancia de reducir la jornada, pero sugiere modificaciones en la futura ley
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha emitido un informe valorando el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas.
En este informe el CES expone sus preocupaciones y propone ajustes para garantizar una implementación más efectiva de la medida:
Exposición de motivos
El CES considera que la exposición de motivos del Anteproyecto debe ser más detallada y precisa, de modo que contribuya a una mejor comprensión de la norma y de sus objetivos.
Señala, además, que algunas referencias en el preámbulo, como las relativas al comercio, la hostelería y la agricultura, pueden inducir a error sobre realidades sectoriales que cuentan con una sólida tradición de negociación colectiva.
Diálogo social
Aunque se ha llevado a cabo un proceso de diálogo social previo, el CES aclara que el Anteproyecto no debe considerarse el resultado de un verdadero diálogo social, dado que no todos los actores involucrados coincidieron con el contenido final del texto.
Reducción de la jornada laboral
Si bien el CES reconoce la importancia de reducir la jornada laboral y adaptarse a los cambios sociales y económicos, no existe consenso sobre la forma en que debe implementarse.
Algunas organizaciones defienden que el límite de la jornada debe ser establecido por ley, mientras que otras proponen que se haga a través de la negociación colectiva.
Derecho a la desconexión digital
El CES destaca la relevancia de los derechos digitales, en particular el derecho a la desconexión digital, y las nuevas disposiciones propuestas en el Anteproyecto.
Aunque la normativa existente se amplía, el CES señala que aún existen áreas que necesitan aclararse, especialmente en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos y la obligación de las empresas de garantizar este derecho.
Registro de jornada
El CES valora positivamente la propuesta de unificar el registro de jornada en un solo artículo.
Sin embargo, persisten discrepancias sobre cuestiones clave, como la interoperabilidad, el acceso remoto y las sanciones por incumplimiento.
Además, considera necesario tener en cuenta las particularidades de sectores como la agricultura y la pesca, donde las dificultades para aplicar la norma pueden ser mayores debido a la falta de infraestructura digital.
Flexibilidad en la aplicación de la jornada laboral
También subraya la importancia de tener en cuenta la diversidad del tejido productivo y sugiere que el Anteproyecto debe permitir una aplicación más flexible de la jornada laboral.
En este sentido, propone un régimen transitorio suficiente para permitir la adaptación a la nueva jornada máxima, especialmente en sectores con características específicas.
Contratación pública
El CES también plantea la necesidad de modificar la legislación sobre contratación pública para revisar los precios en caso de que los cambios derivados de la reducción de jornada supongan un incremento de los costes para las empresas.
Evaluación de la reforma
Asimismo, apoya la creación de una mesa de diálogo social para evaluar los resultados de la reducción de jornada establecida por la norma, subrayando la importancia de este proceso compartido para medir los efectos sociales y económicos de la reforma.
Impacto en las retribuciones
Finalmente, el CES reitera que la reducción de jornada no debe implicar una disminución de las retribuciones ni la compensación o eliminación de otros derechos laborales más favorables que las personas trabajadoras ya disfrutaban.
Desde el Ministerio de Trabajo han señalado que están abiertos a introducir cambios técnicos en la reducción de jornada, pero enfatizan que las modificaciones serán menores y no afectarán lo esencial del texto.
A continuación, analizamos qué cambios exactos incluye el Anteproyecto:
¿Empezará a aplicarse la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025?
El Anteproyecto de Ley que reduce la jornada laboral ha sido aprobado, pero aún hay dudas sobre cuándo entrará en vigor.
Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos, la aplicación de esta medida será flexible y progresiva, permitiendo una implementación gradual a lo largo de 2025, con el objetivo de que esté plenamente vigente el 31 de diciembre de este año.
En otras palabras, todas las personas asalariadas deberán tener una jornada máxima de 37,5 horas semanales a finales de 2025.
No obstante, este plazo podría ampliarse si sigue retrasándose la publicación de la ley en el BOE.
Se necesita un período de transición para dar tiempo a las empresas y sectores a adaptar sus convenios colectivos y ajustar su organización interna a la nueva normativa.
De hecho, en el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral se incluye una Disposición transitoria primera sobre la aplicación de la jornada máxima de trabajo ordinario.
En ella se señala lo siguiente:
«Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que a la entrada en vigor de esta norma contemplen una jornada superior a las treinta y siete horas y media semanales de promedio anual dispondrán de un plazo hasta 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en esta norma, en particular, lo establecido respecto a la jornada ordinaria de trabajo máxima en el artículo 3 de este Ley».
Por tanto, aunque la norma aún debe completar su tramitación, ya se han definido los plazos y condiciones para su implementación.
¿Cuándo entrará en vigor la reducción de la jornada laboral? Plazos para incorporar la medida
Como comentamos, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no se aplicará de manera inmediata.
La medida será implementada de forma progresiva con el objetivo de que esté plenamente vigente el 31 de diciembre de 2025.
Este retraso en la entrada en vigor responde a la necesidad de dar tiempo a las empresas y sectores para:
- Negociar y reorganizar la estructura de la jornada laboral en cada empresa.
- Adaptar los convenios colectivos y los sistemas internos de trabajo a la nueva normativa.
La clave estará en equilibrar el cumplimiento de los plazos con las necesidades de las empresas y las personas trabajadoras, asegurando una transición eficiente.
¿La reducción de jornada influirá en el salario?
No, la medida del Gobierno no implicará ningún tipo de reducción salarial.
Otros países, como Bélgica, han implementado medidas similares, aunque con enfoques distintos.
En Bélgica la reducción de jornada se ha impulsado concentrando las horas de trabajo en 4 días.
Esto significa que se trabaja la misma cantidad de horas, pero distribuidas en menos días o alternando semanas de menor carga horaria con semanas de mayor carga.
Este modelo de reducción de jornada no tiene nada que ver con el español.
En España la media jornada pasaría de 20 a 19 horas. Si una persona empleada acuerda con su empresa seguir trabajando 20 horas a la semana ganará más por cada hora trabajada en comparación con su jornada anterior.
¿Cuánto será lo mínimo que se cobrará por hora tras la reducción de jornada?
El SMI en 2025 está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a un total anual de 16.576 euros.
Para quienes trabajan por jornada el salario mínimo es de 39,47 € al día.
¿Qué pasará con los trabajadores a tiempo parcial en 2025?
El Anteproyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral introduce varias novedades específicas para las personas trabajadoras a tiempo parcial:
- Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los casos contemplados en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
- La suma de las horas ordinarias y complementarias, tanto las previamente pactadas como las voluntarias, no podrán superar el límite legal establecido para el trabajo a tiempo parcial.
Conversión a contrato a tiempo completo
Los contratos a tiempo parcial en los que se realice una prestación de trabajo igual o superior, en promedio, a la jornada máxima semanal establecida en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores serán convertidos automáticamente en contratos a tiempo completo.
Esta conversión se aplicará a partir de la entrada en vigor de la nueva jornada máxima de 37,5 horas semanales.
Condiciones para otros contratos a tiempo parcial
- Los trabajadores mantendrán sus horas actuales de trabajo.
- El salario será incrementado de forma proporcional a la nueva jornada máxima ordinaria.
¿Cómo afectará la reducción de la jornada laboral a las horas extra?
El Anteproyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral no contempla aumentar el número de horas extra permitidas legalmente en España para compensar la reducción de la jornada ordinaria.
Para una persona trabajadora con jornada completa las horas extra no podrán superar las 80 al año.
Para las personas con una jornada inferior a la general de la empresa el número máximo de horas extraordinarias anuales se reducirá proporcionalmente a su jornada.
Con los cambios propuestos en el registro horario todo el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de la jornada, reflejado en el registro, será considerado tiempo de trabajo efectivo.
El tiempo que exceda de la jornada ordinaria será considerado, según corresponda, como horas extraordinarias o complementarias.
Los autónomos y empresas tendrán que entregar una copia al mes de las horas extra a sus plantillas
Otra novedad que incluye el anteproyecto de ley para reducir la jornada es la obligación de las empresas y autónomos de contabilizar las horas extra y entregar a cada persona trabajadora un recibo detallado donde se reflejen esas horas.
- Las personas trabajadoras deberán registrar personalmente sus horas trabajadas y cualquier interrupción que afecte al cómputo.
- El registro deberá diferenciar claramente entre horas ordinarias y horas extra.
¿Qué trabajadores podrán beneficiarse de la reducción de jornada?
Como la reducción de la jornada se va a establecer por ley mediante una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores va a beneficiar a todo tipo de personas trabajadoras, no solo a quienes estén adscritas a un convenio colectivo.
¡Importante! Hay convenios que ya establecen límites de jornadas de trabajo inferiores a las 40 horas semanales, lo que significa que las personas más beneficiadas podrían ser las que no tienen un convenio colectivo de aplicación.
La propuesta de reducción de jornada va a beneficiar positivamente a alrededor de 12 millones de personas empleadas del sector privado.
Además, algunas informaciones han indicado que habrá sectores clave a tener en cuenta, como son la hostelería o el comercio, donde la reducción de jornada debería tener un efecto positivo permitiendo a las plantillas disponer de más tiempo libre para ocio.
Los sectores en los que se trabaja más tiempo en España, según la última encuesta de población activa, son la agricultura, ganadería y pesca, además del transporte y almacenamiento, la construcción y el suministro de energía eléctrica.
¿Qué pasa si en una empresa ya se trabajan 37,5 horas o menos?
Para quienes estén trabajando en una empresa que ya tenga señalada una jornada máxima de 37,5 horas semanales esta medida no les va a afectar.
No obstante, los contratos a tiempo parcial de 37,5 horas semanales, cuando entre en vigor la reducción de jornada, van a pasar automáticamente a ser contratos a tiempo completo cobrando lo estipulado para la jornada completa.
Quienes tengan un contrato parcial de menos de 37,5 horas podrán seguir realizando el mismo número de horas pero tendrán que recibir un incremento salarial proporcional.
¿Afectará la reducción de la jornada laboral a los días de libre disposición?
No, los días de libre disposición son permisos retribuidos que se consideran jornada efectivamente trabajada.
Esto significa que al computarse dentro del límite de la jornada máxima anual establecida en convenio no se verán afectados por la reducción de la jornada.
¿Qué pasa si un convenio incluye más de 30 días de vacaciones?
El Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada máxima debe calcularse en cómputo anual.
- Si un convenio fija una jornada semanal de 40 horas pero concede más días de vacaciones en el cálculo anual la jornada real será inferior a 40 horas.
- Para cumplir con el nuevo límite de 1.711 horas anuales se podría mantener una jornada superior a 37,5 horas semanales, siempre que no se exceda ese tipo anual.
Entonces, ¿cómo se ajustará? La falta de concreción en la normativa deja margen para diferentes opciones, entre ellas modificar los días de vacaciones establecidos.
¿Cómo se aplicará la desconexión digital en la reducción de la jornada?
El Gobierno ha señalado que garantizar la desconexión digital es clave para que la reducción de la jornada sea eficaz y respete los horarios de descanso.
Por ello, se modificará el artículo 20 bis para incorporar las siguientes medidas:
Las personas trabajadoras, incluidas aquellas que desempeñan su labor a distancia o mediante teletrabajo, van a tener derecho a:
- La intimidad en el uso de dispositivos digitales proporcionados por la empresa.
- La desconexión digital fuera de su horario de trabajo.
- La intimidad frente a sistemas de videovigilancia y geolocalización, de acuerdo con la normativa de protección de datos y derechos digitales.
Las empresas deberán garantizar que el derecho a la desconexión digital implique:
- La ausencia de solicitudes laborales fuera del horario de trabajo.
- La prohibición de comunicaciones de la empresa, sus delegados o terceros con relación comercial, hacia los trabajadores fuera de su jornada laboral.
- El derecho de las personas trabajadoras a no estar localizables fuera de su horario laboral.
¡Importante! El derecho a la desconexión digital será irrenunciable para las personas trabajadoras.
La negociación colectiva definirá:
- Modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión, medidas y herramientas necesarias para garantizarlo.
- Acciones de formación y sensibilización sobre el uso adecuado de herramientas tecnológicas para prevenir la fatiga informática.
Habrá excepciones a la prohibición de comunicaciones fuera del horario laboral, permitidas solo en circunstancias excepcionales justificadas, como:
- Riesgos graves para los trabajadores.
- Potenciales perjuicios empresariales graves que requieran medidas urgentes.
Además, se va a ofrecer protección a las personas trabajadoras ya que el rechazo o no atención a una solicitud laboral fuera de la jornada laboral no podrá generar consecuencias negativas, represalias ni trato desfavorable hacia esa persona.
Así deberá ser el nuevo registro de jornada digital y accesible en 2025
Otra novedad a implementar una vez entre en vigor la reducción de la jornada laboral es la creación de un nuevo registro de jornada digital y accesible para cada persona trabajadora, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo.
La idea es que ese registro no se pueda manipular, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
Tal y como recoge el Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada el registro horario:
- Debe realizarse personalmente por las personas trabajadoras de forma inmediata al inicio y al final de cada jornada laboral. Es imprescindible que el registro sea independiente y no pueda ser condicionado por la empresa.
- Para garantizar la veracidad de los datos, el registro deberá permitir identificar de manera inequívoca a la persona trabajadora que realiza el registro y registrar cualquier modificación efectuada.
- La información reflejada debe ser presentada en un formato claro y comprensible, permitiendo su documentación y la obtención de copias.
Además, las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán derecho a acceder al registro en el centro de trabajo de forma inmediata y en cualquier momento.
- La información también deberá estar disponible de manera remota para la ITSS y la representación legal de las personas trabajadoras.
- En todos los casos, el sistema deberá garantizar la interoperabilidad para facilitar el intercambio de información entre las partes implicadas.
La empresa estará obligada a conservar los registros durante un período de cuatro años.
Reglamentariamente, se establecerá el contenido básico del registro, que incluirá, como mínimo:
- Formas de identificación del tiempo trabajado.
- Métodos para documentar y compensar la utilización irregular de la jornada.
El régimen de organización y funcionamiento del registro podrá ser establecido a través de:
- Negociación colectiva.
- Acuerdo de empresa.
- Decisión unilateral de la empresa, previa consulta con los representantes legales de las personas trabajadoras.
En ausencia de previsiones específicas se aplicarán las siguientes normas:
- Todo el periodo entre el inicio y la finalización de la jornada reflejada en el registro será considerado tiempo de trabajo efectivo.
- Las horas que excedan la jornada ordinaria tendrán la consideración de horas extraordinarias u horas complementarias, según corresponda, dentro de los límites legales.
La empresa será responsable de demostrar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de jornada.
En caso de incumplimiento:
- La carga de la prueba respecto a la jornada efectivamente realizada recaerá en la empresa.
- En contratos a tiempo parcial se presumirá que el contrato es a jornada completa salvo prueba en contrario que acredite la parcialidad de los servicios.
Por supuesto, las personas trabajadoras no podrán ser perjudicadas por realizar correctamente los registros de jornada ni por ejercer cualquier derecho relacionado con el sistema de registro de jornada.
¿Cómo serán las sanciones por el incumplimiento de la jornada?
Se van a endurecer las sanciones por el incumplimiento de la jornada imponiendo multas por cada persona trabajadora en lugar de por empresa.
Según el Anteproyecto de Ley se va a multar con hasta 10.000 euros por persona trabajadora a las empresas que no cumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima.
Este cambio representa un endurecimiento significativo de las sanciones actuales en materia de jornada laboral:
- Se multará a las empresas por cada persona empleada con la que se incumplieran las normas, en lugar de aplicar una sanción general.
- El importe de las multas consideradas graves pasaría de los 7.500 a los 10.000 euros.
Es decir, las sanciones por no cumplir con el tiempo de trabajo se van a estructurar de la siguiente manera:
- Multas en su grado mínimo: de 1.000 a 2.000 euros.
- Multas en su grado medio: de 2.001 a 5.000 euros.
- Multas en su grado máximo: de 5.001 a 10.000 euros.
Actualmente, y hasta que no entre en vigor la normativa, según la LISOS las multas por no cumplir con los límites legales de trabajo son la siguientes:
- Multas en su grado mínimo: de 751 a 1.500 euros.
- Multas en su grado medio: de 1.501 a 3.750 euros.
- Multas en su grado máximo: de 3.751 a 7.500 euros.
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