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La prohibición de despedir no se ajusta al Derecho Comunitario

La prohibición de despedir no se ajusta al Derecho Comunitario

La prohibición de despedir no se ajusta al Derecho Comunitario según una reciente sentencia, que abre el debate sobre la limitación del despido cuyo origen esté en causas relacionadas con el Covid-19.

Recordamos que el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID19, introducía la prohibición de despedir:

«La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido«.

Esto implica que, durante el estado de alarma, las empresas que se han visto afectadas por las causas de fuerza mayor, económicas u organizativas, derivadas del COVID19, no podrán despedir basándose en estas circunstancias.

Empleo vio necesaria su aprobación tras la avalancha de despidos provocada por el estado de alarma.

Una norma que ha generado bastante polémica por la imprecisión en su redacción, que no especifica qué ocurre exactamente con estos despidos, dando a entender que podrían ser incluso declarados nulos, como ya hemos visto en algunas sentencias.

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Una sentencia contradice la prohibición de despedir durante el Covid-19

La sentencia de 15 de diciembre del juzgado de lo Social número 1 de Barcelona aporta un nuevo punto de vista a este debate, la prohibición de despedir durante la pandemia contraviene al Derecho Europeo, que prevalece sobre la legislación española.

Ha declarado procedente el despido de un trabajador por causas económicas y productivas relacionadas con el Covid-19.

Se trata del caso de una empresa dedicada a la actividad comercial, que alegó la caída de las ventas y de la productividad como causa objetiva para el despido.

El juez entiende que el citado artículo 2, que declara nulos e improcedentes los despidos, es contraria al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales, al impedir el principio de libre empresa.

Igualmente, hace referencia al artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de la empresa en el marco de la economía de mercado.

Aunque los poderes públicos puedan establecer ciertos límites, el magistrado afirma que «no pueden ser de tal índole que vacíen de contenido el derecho e impidan la propia actividad».

Es un fallo importante para los laboralistas puesto que es la primera sentencia en introducir este criterio, en lugar de optar por la nulidad o improcedencia.

A raíz de esta sentencia, se podría plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, y en consecuencia, la controversia podría ser resuelta finalmente por Europa.

Sentencias que consideran improcedente el despido por Covid-19

No obstante, hay disparidad de criterios entre los magistrados. Por ejemplo, podemos encontrar otras sentencias como la de 21 de diciembre de 2020, del Juzgado número 3 de Pamplona o la del 25 de noviembre de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han considerado improcedentes los despidos por causas relacionadas con el Covid-19.

Y por otro lado, existen otras como la del Juzgado de los Social número 3 de Sabadell, que declaró nulo el despido de una trabajadora al considerar que la causa alegada no podía ser permitida ya que era un «resultado prohibido por el ordenamiento jurídico», considerándolo en fraude de ley.

En lo que sí coinciden todos es en la inseguridad jurídica que plantea la norma. Una polémica que se acaba resolviendo en la mayor parte de los casos en los tribunales.

¿Se pueden realizar despidos? ¿Qué ocurre con los despidos que se hayan realizado por el COVID19?

Sí se puede despedir, pero como habrás podido observar, el despido no estará exento de polémica si no se puede acreditar debidamente que el despido no guarda relación con el Covid-19.

Puesto que, según la normativa, no se admitirán como circunstancias de despido aquellas cuyo origen esté relacionado con el estado de alarma directa o indirectamente.

Los despidos realizados podrían ser considerados improcedentes e incluso nulos, según el juzgado.

Esto implica que estos despidos tendrían, como mínimo, una indemnización más cara, de 33 días por año trabajado. Y darían lugar a una prestación ordinaria por desempleo para los trabajadores despedidos durante estos días.

No les correspondería prestación extraordinaria por desempleo por Covid-19, puesto que esta prestación estaría limitada a los trabajadores afectados por un ERTE.

¿Qué opinas sobre esta medida? Nos encantará leer tus comentarios, déjanos uno más abajo.

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