Las empresas que reciban ayudas no podrán despedir hasta diciembre de 2026
El Real Decreto-Ley 25/2026 recoge esta importante ampliación: las empresas que reciban ayudas no podrán despedir hasta diciembre de 2026.
En concreto, la norma establece que las empresas que reciban ayudas para compensar el incremento de los costes energéticos derivados del conflicto en Oriente Medio no podrán justificar despidos basados en esas mismas causas hasta diciembre de 2026.
Esta medida, que anteriormente estaba prevista hasta el 30 de septiembre de 2026, busca proteger el empleo en las empresas beneficiarias de estas ayudas.
En este post te explicamos qué implica la prohibición de despedir, a qué empresas afecta, hasta cuándo se aplica y cuáles son las consecuencias de incumplirla.
¿En qué consiste la prohibición de los despidos objetivos en las empresas?
El RD-ley 25/2026 establece una limitación específica a los despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas destinadas a compensar el incremento de los costes energéticos.
En estos casos, las empresas no podrán justificar despidos por causas relacionadas con la situación que motivó la concesión de las ayudas.
En concreto, la prohibición afecta a los despidos basados en:
- Fuerza mayor derivada de la situación que motiva las ayudas.
- Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) relacionadas con esa misma situación.
¿Hasta cuándo se aplica esta prohibición? La medida se ha ampliado y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, en lugar del 30 de septiembre de 2026, como establecía la normativa anterior.
¡Importante! Esta prohibición no afecta a todas las empresas ni impide cualquier tipo de despido. Se aplica a las empresas beneficiarias de las ayudas contempladas en la norma y a las causas de extinción específicamente previstas.
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¿A qué empresas afecta la prohibición de despedir?
La prohibición de despedir no afecta a todas las empresas, sino a aquellas que sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 25/2026.
En concreto, afecta a las empresas que:
- Sean beneficiarias de las ayudas directas contempladas en la normativa.
- Pretendan justificar despidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) derivadas de la situación que motivó la concesión de dichas ayudas.
Por tanto, recibir una ayuda pública no supone que la empresa tenga prohibido cualquier despido. La limitación se aplica a las empresas y causas específicas recogidas en la norma.
¿Qué ocurre si una empresa incumple la prohibición de despedir?
El artículo 36.1 del Real Decreto-ley 25/2026 establece consecuencias importantes para las empresas que incumplan esta prohibición:
- Devolución de las ayudas públicas recibidas. La empresa deberá reintegrar las ayudas correspondientes.
- Nulidad del despido. El despido que incumpla esta prohibición será calificado como nulo.
¿Qué implica que un despido sea declarado nulo? La empresa estará obligada a readmitir a la persona trabajadora y abonarle los salarios de tramitación correspondientes.
Por tanto, las empresas beneficiarias de estas ayudas deberán comprobar que las causas que justifican un despido no están relacionadas con la situación contemplada en la normativa.
¿Cómo afecta la prohibición de despedir a los contratos fijos discontinuos y a las cooperativas?
La norma también protege expresamente a las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo.
Hasta el 31 de diciembre de 2026, las causas de fuerza mayor o ETOP relacionadas con la situación que motiva las ayudas:
- No podrán justificar la finalización del periodo de actividad de las personas trabajadoras fijas-discontinuas.
- No podrán utilizarse para justificar la falta de llamamiento de estas personas trabajadoras.
Por su parte, las cooperativas también están sujetas a limitaciones específicas hasta el 31 de diciembre de 2026.
Durante este periodo sus asambleas generales:
- No podrán reducir de forma definitiva el número de puestos de trabajo por causas ETOP o fuerza mayor.
- No podrán modificar la estructura de cualificaciones profesionales por estos motivos.
¿Qué supone la prohibición de despedir para las personas trabajadoras?
Esta prohibición refuerza la protección del empleo de las personas trabajadoras en las empresas beneficiarias de las ayudas públicas contempladas en la normativa.
Es importante distinguir entre un despido improcedente y un despido nulo.
En caso de despido improcedente (fuera del ámbito de la prohibición), la indemnización general sigue siendo de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
Sin embargo, si el despido vulnera la prohibición establecida por el RD-ley, puede ser considerado nulo, con readmisión obligatoria.
¿Hasta cuándo están prohibido los despidos?
La prohibición de determinados despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Así lo establece el artículo 36 del Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, que amplía el plazo anteriormente fijado hasta el 30 de septiembre de 2026.
¿Qué opinas sobre la ampliación de esta prohibición de despedir? Nos encantará leer tus comentarios, déjanos uno más abajo. ¡Gracias!
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