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El pasado día 23 de abril fue aprobado por la Comisión Europea la «Directive on the protection of persons reporting on breaches of Union law». Lo que viene a ser una nueva directiva para la transparencia a aplicar por los Estados miembros, que tiene repercusiones tanto para el sector público, como para el privado, pero, ¿a qué empresas afecta?

Hoy te contamos todo sobre esta nueva Directiva para transparencia:

¿En qué consiste la nueva Directiva para la transparencia?

Esta nueva Directiva tiene el fin de proteger a todas aquellas personas que denuncian o informan sobre casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea.

Para ello, establecen medidas que garanticen canales protegidos para que se puedan realizar denuncias y se prohíben represalias contra éstas.

Esta Directiva surge ante la necesidad de proteger a los denunciantes para poder detectar los casos de incumplimientos de la ley, ya que según un informe de Global Business Ethics, hasta un 36% de las personas que han comunicado irregularidades reconocen haber sufrido represalias.

Nuevas obligaciones para el sector público y privado, ¿a qué empresas afectará?

La nueva Directiva europea para la transparencia exige la creación de canales de denuncia, tanto a nivel interno, como externo a la organización, en los que se garantice la confidencialidad.

Para ello, se establecen 3 niveles:

  • Canal de denuncias en la propia entidad, a nivel interno.
  • Si este canal no realiza su función adecuadamente, se pasaría al siguiente nivel, canal de las autoridades competentes.
  • Si las autoridades no actúan, o se prevén peligros inminentes, la norma prevé el uso de los medios de comunicación.

Estarán obligadas a cumplir esta nueva normativa las instituciones públicas, y empresas privadas con más de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos.

La Directiva contempla la protección de las personas que informen sobre irregularidades en el área de compras públicas, servicios financieros, blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, seguridad en el transporte, protección medioambiental, seguridad alimentaria, salud pública, salud animal, protección del consumidor, protección de datos o regulaciones tributarias.

Así mismo, las entidades obligadas por la norma, deberán responder a los denunciantes en un plazo máximo de 3 meses, desde que se realice la denuncia de forma interna.

En la Directiva se fija un plazo máximo hasta el 15 de mayo de 2021 para que todos los países miembros traspongan estas medidas en su normativa y procesos administrativos.

Es decir, la obligación para la aplicación de estas medidas no es inminente, pero en los próximos años sí será obligatorio. Pero es interesante que tengáis conocimiento de ella, para que vuestra empresa vaya previendo la inclusión de estas medidas. Como se está apreciando con los últimos cambios legales, la tendencia en el mundo empresarial y organismos es a la transparencia.

Así que no hay que perder de vista esta Directiva, ya que como ocurrió con el Reglamento de Protección de Datos, todo llega, y este año es el gran reto que deben asumir todas las entidades.

Seguiremos pendiente de la evolución normativa de esta Directiva para informaros en nuestro blog.

 

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Fuente: Transparencia, Directiva Europea, Imagen.

 

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