Si alguna vez te has preguntado: ¿puede una empresa fijar unilateralmente un plazo de pago? La respuesta es clara: no, aunque hay algunas excepciones.

Según la normativa europea y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una empresa no puede imponer de forma unilateral un plazo de pago superior a 60 días en operaciones comerciales.

Esta práctica va en contra de las normas que regulan la morosidad en los pagos entre empresas y puede ser considerada abusiva.

Además, ese plazo también viene recogido en la Ley 3/2004.

El problema es que no se está cumpliendo y, por ello, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa europea en materia de morosidad en los pagos entre empresas, especialmente por el exceso en los plazos máximos de pago a pymes.

Te lo contamos, a continuación:

¿Es posible fijar un plazo de pago superior a 60 días?

Es posible fijar un plazo de pago superior a 60 días, pero solo si así se ha acordado entre ambas partes y no de manera unilateral por la empresa.

Según la Ley 3/2004 y la Directiva 2011/7/UE el plazo de pago estándar en las operaciones comerciales no debe exceder los 60 días naturales, salvo que:

• Ambas partes hayan llegado a un acuerdo expreso y este quede reflejado claramente en el contrato.
• Y el acuerdo no sea manifiestamente abusivo para el acreedor (quien emite la factura).

Esto quiere decir que no basta con que una cláusula figure en el contrato: debe haber una voluntad real, mutua y demostrable de ambas partes para aceptar esa excepción.

¿Qué significa “acuerdo expreso”?

Un acuerdo expreso implica que ambas partes han manifestado de forma clara y consciente su voluntad de aceptar un plazo superior. No se admite si:

• El contrato fue redactado unilateralmente por una de las partes.
• El plazo aparece en letras pequeñas o no está debidamente destacado.
• No hubo posibilidad de negociar.

Incluso en contratos tipo o de adhesión (como en licitaciones o subastas), la cláusula que extienda el plazo debe destacarse claramente y haber sido aceptada con pleno conocimiento de causa.

¿Cuándo se considera que una cláusula de pago es abusiva?

Una cláusula puede considerarse manifiestamente abusiva si:

• Se aparta gravemente de las buenas prácticas comerciales.
• Se impone aprovechando la posición dominante del deudor.
• Es contraria a la buena fe o causa desequilibrio injustificado.
• No se justifica objetivamente el motivo de alargar el pago más allá de los 60 días.

El objetivo de la normativa es proteger al proveedor (acreedor), sobre todo si es una pyme o autónomo con menor poder de negociación.

¿Qué dice el Tribunal de Justicia de la UE sobre los plazos de pago?

El TJUE se pronunció tras un caso real entre una empresa minera polaca y su proveedor de maquinaria, en el que se impuso un plazo de pago de 120 días.

Aunque el proveedor firmó los contratos, el tribunal concluyó que:

• El plazo fue impuesto unilateralmente por la empresa compradora.
• No hubo una negociación real ni un acuerdo mutuo.
• Por tanto, el plazo de 120 días no es válido, al no cumplirse los requisitos legales.

¿Puede la UE sancionar a España por los retrasos en los pagos a pymes?

Bruselas considera que España no ha adaptado correctamente su normativa ni su práctica administrativa a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva 2011/7/UE, relativa a la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Según la Comisión, en el mercado español es habitual que los plazos de pago se prolonguen de forma sistemática más allá de los 60 días, llegando incluso a superar los 120 días en algunos sectores.

Esta situación sería contraria al criterio fijado por el TJUE, que refuerza la obligación de los Estados miembros de garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos de pago y evitar prácticas abusivas.

Según los datos analizados por la Comisión Europea, España presenta una desviación estructural en los plazos de pago a empresas. En la práctica:

• El periodo medio de pago a pymes se sitúa en torno a 80 días.
• En algunos casos, los pagos superan los 120 días.
• La media supera en más de 20 días el límite legal europeo.

Esto tiene un impacto directo en la liquidez de las pymes y autónomos, que dependen del cobro puntual para su supervivencia financiera.

¿Por qué la morosidad empresarial es un problema en España?

La morosidad no es un fenómeno puntual, sino un problema estructural que afecta a toda la cadena de pagos. Sus principales consecuencias son:

• Tensión de tesorería en pymes y autónomos.
• Incremento de la dependencia financiera.
• Aumento del coste de financiación empresarial.
• Riesgo de impagos en cadena.

¿Qué consecuencias puede tener para España el procedimiento de la Comisión Europea?

El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea sigue varias fases:

1. Carta de emplazamiento al Estado miembro.
2. Plazo de dos meses para responder y corregir la situación.
3. Dictamen motivado si no hay solución satisfactoria.
4. Posible demanda ante el TJUE.
5. Eventuales sanciones económicas.

Si España no corrige la situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y enfrentarse a sanciones económicas.

¿Cómo afecta la morosidad a autónomos y pymes en España?

La morosidad afecta especialmente al tejido productivo más vulnerable. Según estudios recientes:

• Casi el 48,5% de los autónomos afirma sufrir problemas de morosidad.
• Una parte significativa sufre retrasos tanto en el sector público como privado.
• La falta de liquidez limita inversión, contratación y crecimiento.

En este contexto, la morosidad se convierte en uno de los principales obstáculos para la competitividad empresarial.

La cuestión es que muchas pymes renuncian a reclamar facturas impagadas por miedo a deteriorar la relación comercial con sus clientes.

Más allá del procedimiento sancionador, lo que está en juego es la correcta aplicación del principio de seguridad jurídica en las relaciones comerciales dentro del mercado único.

La Comisión Europea insiste en que los plazos de pago son un elemento clave para:

• Garantizar la estabilidad financiera de las empresas.
• Evitar abusos contractuales.
• Proteger a las pymes como eje del tejido económico europeo.

Actualmente, se está trabajando en un nuevo marco normativo europeo que podría incluir sanciones efectivas por incumplimiento de los plazos de pago.

Hasta ahora, la falta de un régimen sancionador ha sido una de las principales críticas de las organizaciones empresariales, que consideran que sin consecuencias económicas no se resolverá el problema de la morosidad.

¿Tienes dudas sobre cómo establecer legalmente los plazos de pago con tus proveedores o clientes? Déjanos tus comentarios, ¡te leemos!

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Fuentes: Directiva 2011/7/UE, Ley 3/2004.